los presupuestos de la discordia

VISIONES ENFRENTADAS

Desde su llegada a Moncloa, el progresista Pedro Sánchez anunció la derogación de la reforma laboral y medidas como el aumento del SMI de 735,9 € a 950 €. En la misma línea, los presupuestos del Gobierno de coalición pretenden mejorar infraestructuras y servicios públicos. El complicado escenario de la pandemia, ha conllevado gastos excepcionales en material sanitario y ERTES. Pero lo que la oposición le echa en cara al Gobierno es el nombramiento de un gobierno pletórico, la subida de impuestos y las concesiones a determinadas CCAA para contar con su apoyo. También se teme que las consecuencias del endeudamiento del Estado superen el impulso económico que se pretende dar con semejantes políticas.

Datos

Aumento del gasto público

Los PGE 2021 contemplan subidas en: sueldo de funcionarios y de pensiones públicas (0,9%), pensiones no contributivas (1,8%), Educación (+70%), Sanidad (+75,3%), dependencia (+34,4%), I+D+i (+80%) e infraestructuras (+114,8%), las ayudas al comercio, turismo y pymes (150%).

Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo

Los ERTES ofrecen una prestación social a los empleados de las empresas que suspendan contratos de trabajo o reduzcan jornadas laborales a causa de la pandemia. El tope de la prestación es de 1.411,83 €, lo que ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 11%  a nivel nacional.

El Fondo Europeo de Reconstrucción

 

España recibirá 140.000 millones de euros en seis años, 72.700 en transferencias directas y el resto en ayudas. A cambio, Europa pide a España tres grandes bloques de reformas: garantizar la sostenibilidad de las pensiones, reducir la temporalidad del mercado laboral y acabar con la disparidad de regulaciones empresariales dentro de España.

La presión autonómica

Euskadi pagará 1.298 millones de Cupo en 2021, 55 menos que este año. La cifra será incluso inferior a la abonada en 2018. Por su parte ERC ha supeditado su apoyo a los presupuestos a la armonización fiscal para impedir que la Comunidad de Madrid pueda ofrecer ventajas a las empresas que allí se instalen.